Ante la ineficiencia de la Autoridad del Puerto de las Américas, el 30 de septiembre de 2010, la Alcaldesa de Ponce determinó, con buen juicio, dejar sin vigencia el memorando de entendimiento y no entregarle el Puerto de Ponce, a esa atolondrada corporación pública.
Poco tiempo después, la Alcaldesa anunció la existencia de una llamada "Solución Ponceña", para supuestamente encaminar el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
El próximo viernes 30 de septiembre, se cumple un año de esta importante decisión, pero hasta la fecha no se conoce a ciencia cierta el destino de la inversión de $250 millones y de los sueños de desarrollo socioeconómico que se forjaron alrededor del Puerto.
El último evento de esta tragicomedia, es la reunión gestionada por la Alcaldesa de Ponce con el Gobernador Fortuño a raíz de lo planteado en este periódico sobre el aniversario de la inacción municipal. Esta reunión representa otro ejemplo adicional de la total dependencia en el poder político sanjuanero, que lamentablemente impera en la mentalidad de la administración municipal.
El gobierno central y el municipal en casi tres años de devaneos han fracasado en establecer la ruta de desarrollo de este proyecto, porque han querido hacerlo solos y en secreto, enfrentando conflictos de intereses con los que aportan a las campañas del partido, y sin involucrar a las entidades y personas que pueden contribuir ideas y trabajo para lograr su progreso.
Para salvarnos de este fiasco, la verdadera "Solución Ponceña" tiene que involucrar a todos los componentes del Pueblo Sureño. No puede estar basada únicamente en las promesas y reuniones de los políticos.
Aunque el Plan de Desarrollo del Puerto debe emanar de la autoridad constitutiva que tiene su dueño que es el Municipio Autónomo de Ponce, para que sea exitoso, debe ser participativo, detallado, multidisciplinario, no partidista, transparente y regional.
Por tanto, debe crearse cuanto antes una autoridad público-privada municipal que pueda contar con estas cualidades y con el apoyo de entidades de consulta con acceso a los mercados marítimos para comenzar a mercadear a nivel global las virtudes de nuestro Puerto.
La Junta de Directores de esta Autoridad Municipal debe estar compuesta por no más de nueve personas cuyas cualificaciones y experiencia tengan pertinencia y valor para el Puerto. Entre estas personas deben existir sillas permanentes para representantes autorizados y nombrados por DISUR, la Cámara de Comercio del Sur, las organizaciones de obreros portuarios, las comunidades y los capítulos o delegaciones del Sur del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Industriales y el Colegio de Abogados.
La participación del poder político representante del Municipio debe limitarse a un miembro, que es el mínimo necesario para canalizar al nivel municipal que sea pertinente, las decisiones que tome la Junta.
Ninguna de estas personas debe recibir dietas o emolumentos. La Junta debe contar con un Director Ejecutivo que entienda y trabaje para que el Puerto de las Américas se convierta en un puerto de hondo calado para transbordo internacional con valor añadido, zona libre y fuera de las leyes de cabotaje.
El llamado es a democratizar, a unir voluntades y conocimiento, y a preparar un Plan participativo, detallado, multidisciplinario, no partidista, transparente y regional, que acelere el potencial productivo del Puerto, para poder rescatar el tiempo perdido.
